Han hagut de passar tres anys (veg. dtl) i ha calgut arribar al Tribunal Superior de Justícia, però finalment han condemnat l’actuació de l’equip de govern de l’alcaldessa Ana Kringe en Dénia contra els drets lingüístics dels ciutadans i, en particular, contra l’actuació professional del tècnic lingüístic municipal d’aquell moment, Josep Andrés. Segons la notícia apareguda en l’informatiu La Marina Plaza (21.04.2015):
El TSJ condena a Dénia a readmitir al técnico de Normalització Lingüística al que despidió Kringe por hacer un informe crítico con el uso del valenciano por el consistorio
[…]El funcionario interino fue despedido por elaborar un informe crítico con el uso de la lengua en una campaña municipal a petición de un edil de la oposición La sentencia señala que el ejecutivo local confundió el interés público con el interés del equipo de gobierno al expedientar al trabajador El ayuntamiento tendrá que abonar además a Josep Andrés todas las cantidades dejadas de percibir desde principios de 2012 más los intereses correspondientes La sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Sección 2 del TSJ no sólo es contundente en cuanto a que Andrés debe reingresar a su puesto en el Ayuntamiento de Dénia, sino que además critica con claridad la decisión de despedirlo tomada en su día por la alcaldesa Ana Kringe. Sobre todo, con una frase lapidaria: «no se puede confundir el interés público con el interés del equipo de gobierno del municipio», afirma. El contenido del informe era crítico con la gestión municipal, por cuanto que advertía del incumplimiento de la normativa sobre el valenciano, y en este sentido la sentencia recuerda que la Constitución señala que «la administración pública sirve con objetividad los intereses generales», más allá de si al hacerlo favorece o perjudica los intereses del partido o partidos que la gobiernan.
